Recalca que los delitos pueden suponer penas de hasta 23 años de cárcel, lo que lleva a un posible un riesgo de fuga
El juez Adolfo Carretero ha retirado el pasaporte a Luis Medina y a Alberto Luceño y les ha impuesto la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días por su implicación en la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de mascarillas, guantes y test Covid.
El magistrado, al frente del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, ha interrogado a los comisionistas por la presunta comisión de delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental. En el caso de Medina, se le investiga también por un presunto alzamiento de bienes al transferir el dinero de las comisiones a una nueva cuenta abierta en Países Bajos días después de recibir el ingreso.
El hijo de Naty Abascal ha declarado cerca de media hora y solo ha contestado a las preguntas del juez, negándose a contestar al fiscal y las partes. De igual modo, Luceño ha comparecido durante unos veinte minutos y tampoco ha respondido a los abogados personados en la causa.
Las acusaciones populares en nombre del PSOE, Podemos y Más Madrid habían solicitado la retirada de pasaporte y acudir a firmar al juzgado cada quince días. El Ayuntamiento de Madrid y la Fiscalía no han solicitado la adopción de medidas cautelares.
Tras concluir la declaración, el juez ha dictado sendos autos de medidas cautelares, atendiendo a la petición de las acusaciones populares. En las resoluciones, a las que tuvo acceso Europa Press, el juez subraya la gravedad de los delitos cometidos "no solo por su trascendencia pública" al ocurrir en el peor momento de la pandemia con miles de fallecimiento diarios y al afectar a fondos públicos, sino por "llevar aparejadas penas de hasta veintitrés años de cárcel", lo que supone la posibilidad de riesgo de fuga.
El magistrado apunta a la posibilidad de que puedan huir a pesar del arraigo que aseguran tener y que quieran colaborar con la Justicia. En esta línea, habla del peligro de que puedan salir al extranjera y manipulen pruebas del procedimiento con el pagador malayo, cuya "colaboración con la Justicia hasta ahora es nula".
Por tanto, el juez entiende que la posibilidad de una fuga de los investigados y la destrucción de pruebas se evita con la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional, fijando comparecencias los días 4 y 18 de cada mes ante el juzgado.
El aristócrata ha llegado pasadas las 11.40 horas en taxi a las dependencias judiciales. Nada más salir del vehículo, ha sido rodeado por decenas de periodistas que le esperaban en la puerta y ha llegado a la entrada a empujones. Incluso en algún momento se ha golpeado contra las vallas de acceso.
Luceño ha llegado a las nueve de la mañana, tres horas antes de la citación. Ambos han accedido por el acceso principal de los juzgados donde hay un control previo. Los investigados solicitaron al decanato de los juzgados acceder en coche en los juzgados pero se les denegó la petición.
En el pasillo, el hijo de Naty Abascal ha coincidido con Alberto Luceño pero se han sentado con distancia entre ellos separados por dos bancos, según fuentes jurídicas. Nada más verse se han saludado y cada uno se ha ido rápido a un banco. A diferencia de cómo se mostró ante el fiscal, Medina habría acercado posturas con el que fuera su socio y ha afirmado que no se sintió engañado.
En su declaración, Medina habría confirmado que contactó con el Ayuntamiento de Madrid a través de una llamada al primo de Almeida, Carlos Martínez-Almeida, quien le facilitó el correo electrónico de la responsable de Compras del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado.
La responsable municipal fue la persona que negoció con el socio de Medina la operación para traer el material provisto por la empresa malaya Leno. La operación se canalizó a través de la empresa funeraria municipal al tener que adelantarse el pago del 50%.
En relación a la comisión que cobró, ha dicho que era "normal" en el mundo comercial, en la misma línea que manifestó ante su declaración con el fiscal Anticorrupción. Además, ha manifestado que el porcentaje lo fijó el empresario malayo proveedor del material y que las comisiones dependían de como iba la operación, sin fijarlas a principio.
Al igual que manifestó al fiscal, el investigado ha explicado al juez que conocía a Luceño de operaciones de comercio internacional y que le pidió el contacto de algún cliente.
En la comparecencia de este lunes, Luceño ha depositado dos relojes para que se sume a la fianza. En su declaración, ha manifestado que la operación objeto del procedimiento era su primer negocio con la empresa malaya Leno y que la comisión era habitual en ese tipo de operaciones.
Además, ha alegado que San Chin Choon, el empresario malayo que trajo el material sanitario, va a declarar en la instrucción, a lo que el juez le ha contestado que es la primera noticia ya que se ha negado a colaborar con la justicia.
El instructor investiga una querella de la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales, hechos que el magistrado ve "graves" al tener lugar "en el momento más álgido de la pandemia" cuando había "miles de fallecimientos diarios.
El fiscal Luis Rodríguez Sol, que firma la querella, sostiene que los comisionistas, con ánimo de obtener "un exagerado e injustificado beneficio económico", ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir "grandes remesas de material sanitario fabricado en China".
El hijo menor de Naty Abascal como intermediario obtuvo una comisión de un millón de euros, que destinó a la compra de un velero por 325.515 euros y a dos bonos de inversión por valor cada uno de 200.000 euros.
El sumario de la investigación destapó que días después de recibir las transferencias de la empresa malaya Leno, el aristócrata transfirió el dinero a una cuenta en Países Bajos, dejando una de sus cuentas prácticamente vacía y otra en números rojos.
En la querella, el fiscal solicitó el embargo del velero y de las cuentas bancarias. Al comprobar el juez que tenía menos de 250 euros, procedió a fijar a instancias de Anticorrupción una fianza de 981.000 euros, en cuyo caso de impago se procederá a embargar los derechos hereditarios del investigado en relación a la herencia de su abuela, la duquesa de Medinaceli.
A Medina se le investiga también por la presunta comisión de un delito de alzamiento de bienes después de que el magistrado comprobara que el investigado realizó disposiciones de sus bonos y patrimoniales desde el 13 de abril de 2021, fecha en que fue citado a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción.
Únicamente se le ha podido embargar el velero matriculado en Gibraltar y una cuenta corriente con saldo positivo de 247,26 euros para cubrir la responsabilidad civil de los presuntos delitos investigados, cuya cantidad en su caso asciende a 1,2 millones de euros.