CC.OO. Madrid ha alertado este martes de los efectos perniciosos del anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración regional, conocida como 'Ley Ómnibus', que conllevará "ocultismo", "falta de control" y acabará con el derecho a la negociación colectiva.
En un comunicado, el sindicato ha puesto especialmente el acento en la repercusión que tendrá en el mercado laboral una ley que supondrá la modificación de 33 leyes y 5 decretos vigentes en la Comunidad de Madrid sobre materias como urbanismo, medio ambiente, carreteras, sanidad o transportes e incluye además 15 nuevas disposiciones que afectan a ámbitos como Hacienda pública, ordenación del juego, entidades locales, servicios sociales o la Administración digital, entre otros.
Entre otras cuestiones, CC.OO. ha incidido en que "arremete directamente" contra los trabajadores de la Comunidad al vulnerar el derecho a la negociación colectiva e impedir aspectos como un régimen disciplinario para los agentes forestales "sin negociación ni participación de la representación sindical, que ni siquiera ha sido escuchada".
Pero además, contempla medidas en el ámbito sanitario "antidemocráticas y muy preocupantes" como es la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, centrada en la contratación de suministros, bienes y servicios que sean declarados de gestión centralizada en este campo.
"La creación de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid es un paso previo a futuras privatizaciones y supondrá más ocultismo y falta de control en la contratación pública de bienes y servicios", ha explicado el secretario de Políticas Sociales y Diversidad de CC.OO. de Madrid.
En este sentido, el responsable sindical ha puesto el acento en la falta de motivación para su creación. "Esta agencia es innecesaria porque ya existe un organismo, la Junta Central de Compras, que garantiza la transparencia. En la actualidad es obligatorio publicar cualquier compra de suministro en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, requisito que esta ley intencionadamente anulará", ha explicado.
Abundando en esta idea, ha recalcado que el PP pretende así "que episodios como los ocurridos con el hermano de la presidenta Ayuso queden impunes". En concreto, hace referencia a un contrato por valor de más de 1,5 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2 y FFP3 que fue adjudicado en abril de 2020 a la Priviet Sportive, S.L., cuyo administrador único es Daniel Alcazar, al que se relaciona con el hermano de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Así, el anteproyecto crea la figura del consejero delegado para dirigir y gestionar esta agencia, una persona que puede ser ajena a la administración y, por tanto, según indica CC.OO., "muy cercana a las empresas que tienen intereses económicos en este sector".
Otra disposición que para el sindicado supone un recorte de garantías y libertades afecta al Tribunal Administrativo de Contratación Pública, que incrementa de 6 a 12 años el mandato de sus miembros. En este sentido, para el sindicado, esto pondrá en peligro "la independencia, imparcialidad y objetividad de un tribunal que es el encargado de controlar y fiscalizar al gobierno regional".
En la misma línea crítica, CC.OO. de Madrid ha recalcado que la norma, "lejos de impulsar y fortalecer las políticas sociales", legisla "en contra de las mismas" con medidas como el "fomento del juego y la ludopatía", al posibilitar la instalación de máquinas recreativas en bares y cafeterías sin prácticamente control alguno.
"Estas razones, sumadas a la agresión al medio ambiente y al urbanismo, a evitar el control parlamentario y a silenciar la participación ciudadana, llevan a CCOO de Madrid a exigir al gobierno del PP que retire el anteproyecto de inmediato, puesto que es muy dañino para el presente y futuro de la ciudadanía madrileña", ha zanjado Rodríguez.