La Comunidad de Madrid estima que el Producto Interior Bruto (PIB) regional crecerá en 2022 un 6,1% y en 2023 un 4,5%, aunque asume que estas cifras podrán variar atendiendo a la invasión rusa de Ucrania y los efectos que está generando en el precio de los carburantes.
Así lo ha explicado este martes el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, en la presentación de la Contabilidad Trimestral de la Comunidad de Madrid en el cuarto trimestre de 2021.
Durante su intervención, ha indicado que los crecimientos de la economía de Madrid en estos dos años serían superiores al estimado para el conjunto nacional, que se calcula marcarán un 5,9% este año y un 4,3% en 2023.
Asimismo, ha asegurado que estos datos son "una tendencia" que se viene apreciando desde hace unos años y que responden, según ha defendido, a la seguridad jurídica, libertad económica y bajos impuestos de la región.
En este punto ha sacado pecho de la eliminación de los impuestos propios regionales, la rebaja del 0,5% en todos los tramos de la parte autonómica del IRPF y de la Ley de Mercado Abierto, que se debate este jueves en la Asamblea de Madrid, como elementos de "atracción de la inversión extranjera".
Lasquetty ha remarcado que es "evidente" que la invasión rusa va a afectar a la economía, ya que "Madrid no es una isla" en el mercado internacional, pero que de momento no hay organismos ni instituciones privadas que hayan hecho un análisis sobre los posibles efectos que incorporar en las previsiones.
"Está claro que el precio del petróleo y el del gas están subiendo, pero de momento no sabemos cuánto va a durar. Lo que sí sabemos es que el crecimiento en Madrid se vería afectado en menor medida que la media nacional", ha adelantado el consejero, quien ha explicado que esto se debe a que la región cuenca con una "economía más abierta".
A renglón seguido ha defendido que ante ello deberían adoptarse medidas defendidas por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la Conferencia de Presidentes de La Palma como la suspensión de los impuestos a la energía y combustibles o redirigir los fondos NextGeneration para paliar el impacto en los sectores afectos y las familias.
Sobre estos fondos comunitarios ha deslizado que su efecto en el crecimiento económico "desgraciadamente va a ser muy poco" por la "parsimonia" en con la que los están gestionando los ministerios y estima que podrían empezar a llegar a las empresas "a final de año o incluso en 2023".
Lasquetty ha reprochado que este pasado jueves se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden de creación de un registro para que se inscriban las empresas interesadas en acceder a los PERTES. "Desgraciadamente la lentitud que estamos viendo está tan ralentizada que no podemos pensar que las empresas estén viendo los efectos de este dinero", ha añadido.
Considera además que se han "atomizado" estos fondos en muchas convocatorias distintas que hacen que "no se pueda decir que tengan un efecto transformador" y ha defendido que en el caso de las autonomías, que "actúan como una suerte de subcontrata de lo marcado por el Gobierno central", se está trabajando para que "lleguen cuanto antes".