Jueves 02 de octubre de 2014
El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid ha denegado la prórroga solicitada por el Ayuntamiento de Madrid para ampliar el plazo judicial, concluido el 29 de agosto, que tenían para desalojar a los moradores de la vivienda situada en el número 29 de la calle Ofelia Nieto.
Según la providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha denegado dicha solicitud porque "ninguna de las razones alegadas para obtener la ampliación pueden ser consideradas de fuerza mayor".
"No corresponde a este órgano judicial la labor de remediar la inoperancia de la Administración solicitante de la autorización para llevar a efecto sus propios actos y resoluciones, al estar dotada de medios materiales y personales suficientes para efectuarlo, dentro del plazo, más que razonable, concedido para ello", ha esgrimido.
Además, el magistrado Carlos Gómez Iglesias, el mismo que dictó la semana pasada un auto paralizando la externalización de seis hospitales públicos regionales, ha precisado que en el auto del 15 de julio de este años no ordenó la entrada en el domicilio, "sino que se limitó a autorizarla para que la Administración solicitante pueda ejecutar sus propios actos, fijando, eso sí, las circunstancias de modo, tiempo y lugar para realizarlo".
UN MES DE LUCHA
El Ayuntamiento de Madrid esgrime que la expropiación y la posterior demolición de la vivienda del número 29 de la calle Ofelia Nieto no responde a que obstaculice la acera, sino a que forma parte de una actuación integrada en la que se han afectado 19 fincas y 30 titulares de bienes y derechos, y realojado a 15 familias.
De hecho, dicho plan urbanístico "está prácticamente finalizado con la única excepción del suelo ocupado por este inmueble, en parte calificado de viario y en parte de parcela de uso residencial", según explicaron fuentes muncipales.
En cuanto a la indemnización que le ha ofrecido el Ayuntamiento de casi 400.000 euros, los moradores de la vivienda la han rechazado porque consideran que "no es cuestión de indemnización, es cuestión de dignidad".
Durante el mes de agosto, los afectados por la expropiación, apoyados por miembros del 15M y otros movimientos sociales organizaron varios actos de protesta, concentraciones y sentadas y han impedido, con su presencia, que la medida municipal se haya llevado a efecto en el plazo marcado.
"Yo no quiero nada, solamente quiero quedarme en mi casa, donde hemos vivido toda la vida, más de 50 años", ha manifestado en varias ocasiones Ángeles Gracia, hija de uno de los propietarios, al tiempo que ha señalado que su padre está dispuesto a ceder la superficie que se interpone en el diseño de la acera trazado en un plan urbanístico elaborado en 2004.
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