Jueves 02 de octubre de 2014
La Federación de Asociaciones de Padres (FAPA) de la Comunidad de Madrid Francisco Giner de los Ríos está estudiando emprender acciones judiciales contra el cierre de centros escolares en la región después de que el Defensor del Pueblo les haya comunicado, de forma verbal, que la admisión o no de su queja al respecto puede tardar hasta dos meses.
En un comunicado, la FAPA ha explicado que envió una carta el pasado 8 de abril al Defensor del Pueblo exponiendo la situación sobre el cierre de algunos centros y solicitando una reunión urgente. A los diez días recibió una primera respuesta donde la institución informaba de que habían recibido la petición y de que se abría un expediente, sin que ello significara la admisión a trámite de la queja.
La segunda respuesta, según explica la FAPA, la ha recibido este lunes en el sentido de que el asunto "está en estudio y que el plazo de respuesta inicial a la admisión o no de las quejas está en la actualidad en un mínimo de dos meses desde su recepción", un plazo, dice, "muy superior al que existía en legislaturas pasadas, donde la respuesta a una petición de reunión no se demoraba más de una semana o diez días".
Ante esta situación, la FAPA considera que "un plazo de dos meses dará el mismo resultado que no atender la queja, ya que el periodo de admisión del alumnado se habrá terminado". Por eso, con independencia de que seguirá demandando la reunión solicitada para ver en qué sentido se pronuncia la oficina del Defensor del Pueblo en este asunto, sopesará en la reunión de su Junta Directiva del próximo sábado la posible puesta en marcha de actuaciones judiciales "para defender los derechos de los padres afectados" puesto que considera que se han vulnerado sus derechos.
TAMPOCO HAY LIBRE ELECCIÓN
"Es más, incluso con la más que polémica legislación emitida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, se incumple lo estipulado en el famoso decreto denominado de libertad de elección de centro, al no respetarse la que realizaron las familias de los centros educativos públicos que se pretende cerrar", añaden desde la FAPA.
Según la Federación, las comunidades educativas afectadas, y todas aquellas organizaciones que les respaldan, como es el caso de la FAPA, han intentado hasta la fecha solucionar el conflicto por cualquier vía de "aproximación dialogada, pero no ha servido de nada" y se les "aboca de nuevo al camino judicial".
A su juicio, el "engaño" que sufren las familias está lleno de "falsas respuestas, maniobras muy cuestionables desde las Direcciones de Área Territorial; planteamientos inaceptables de algunos alcaldes que han llegado a solicitar declaraciones juradas de las familias como paso previo y obligado para defender ante la Consejería los derechos de los vecinos de sus municipios; y otras cuestiones que se pondrán en conocimiento de los órganos e instancias oportunas".
En su opinión, el Gobierno de la Comunidad de Madrid sólo respeta los derechos de las familias que quieren escolarizar a sus hijos en centros educativos "que no sean públicos". "Quienes quieren hacerlo en los centros públicos sólo reciben desprecio y trabas", han considerado.
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