Jueves 02 de octubre de 2014
Basta con leer, oír o ver los medios de comunicación cada día para comprobar que España ya está sometida, todavía de manera indirecta, al gobierno de los jueces. Toda la estructura del estado, todas las instituciones del estado están en los tribunales, desde miembros de la Casa Real a los Sindicatos, pasando por los partidos políticos, los empresarios, las entidades financieras y hasta la mismísima judicatura. No es algo nuevo en la historia de la humanidad, tales gobiernos ya aparecen en el Libro de los Jueces nada menos que con quince periodos, la que van de Joshue a Samuel, y en la Grecia clásica nos encontramos con Solon y los arcontes. Mucho más cerca, en Italia, en 1992 son los jueces encabezados por Antonio di Pietro los que provocan con la investigación de la "Tangentopolis" la desaparición de las tres grandes fuerzas políticas que existían en esos momentos, desde la Democracia Cristiana al Partido Socialista y el PCI, propiciando un vacío parlamentario que llenarían nuevas formaciones y acabaría con Silvio Berlusconi en el poder.
La clase dirigente del país, la que debería estar preocupada casi en exclusiva por la salida de la crisis económica, la formación de las futuras generaciones , y el mantenimiento de la sanidad y las pensiones en los niveles que conocemos, está más pendiente de los juzgados que de buscar los acuerdos necesarios que permitan trabajar unidos y en la misma dirección, con el mismo mensaje de confianza y esfuerzo hacia la sociedad. Salvó cuatro o cinco nombres de la elite europea ligados a los esfuerzos monetarios y las famosas primas de riesgo, el resto de los protagonistas se llaman Pablo Ruz, Santiago Pedraz, Ismael Moreno, Javier Gómez Bermúdez, Fernando Andreu y Eloy Velasco, los seis magistrados de la Audiencia Nacional, que se reparten los casos más llamativos y que afectan tanto a líderes políticos como financieros y empresariales.
En los despachos madrileños de la Audiencia están los sumarios que imputan a Rodrigo Rato, Ángel Acebes, José Luis Olivas, Juan Pedro Hernández Moltó, a los que acompañan desde Enrique Goñi a Estanislao Rodríguez Ponga y María Dolores Amoros. Con auténticas estrellas mediáticas consagradas y que eran desconocidas por la inmensa mayoría de los ciudadanos hasta que estallaron los casos Gurtel y " sobres" como Francisco Correa y Luis Bárcenas. Y si miramos hacia Barcelona, Mallorca, Valencia o Sevilla nos encontraremos con algo muy parecido, desde los casos Pallerols y Palau a lode los Eres o Mercasevilla, con las cúpulas de Convergencia i Unió y del PSC y los repartos de dinero y ayudas interesadas desde los distintos gobiernos de la Generalitat. Desde la capital del Turia las dudas alcanzan a la alcaldesa Rita Barberá desde Palma de Mallorca donde el juez Castro puede dar nuevas y desagradables sorpresas tras la imputación de Cristina de Borbón, todo depende de los nuevos correos que Diego Torres le haga llegar. Y desde la capital andaluza la juez Alaya tiene por delante un camino tan largo que en el trayecto puede terminar con parte del antiguo gobierno socialista encausado, sobre todo cuando aparecen nuevos "nichos" de posibles corruptelas.
La llegada de los jueces al poder ejecutivo se produce siempre de la misma forma: la sociedad se aleja de los partidos, no encuentra en ellos la solución a sus problemas y más bien lo contrario, y acuciada por una grave crisis de confianza en las otras dos instituciones que conforman el equilibrio de poderes que señaló Montesquieu, se encomienda a los administradores de la Justicia para que reinstaure el equilibrio social necesario para el día a día ciudadano.
El Parlamento deja de cumplir con su función y los tribunales, por un lado, y "la calle", por otro, asumen el papel de ágora de discusión y debate de los problemas y sus posibles soluciones, con lo que ello supone de desnaturalización de la democracia y el peligro de enfrentamientos y violencia, de los que hemos tenido desgraciadas experiencias a lo largo de nuestra historia.