Jueves 02 de octubre de 2014
La portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha enviado una carta a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la externalización de la asistencia sanitaria que pretende la Comunidad de Madrid en seis hospitales y veintisiete centros de salud, pues considera que abre la puerta a la desigualdad entre los ciudadanos.
Según explica, el Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid aprobó un plan y envió a la Asamblea un proyecto de ley que cambia el modelo de gestión de una parte importante del sistema sanitario madrileño "sin tener ni publicar ningún estudio del coste que supone ese cambio ni de la viabilidad del mismo". De hecho, recuerda que no se dio a los diputados madrileños la información necesaria para poder "votar con conocimiento de causa, cercenando así sus derechos como representantes públicos".
A su juicio, "toda deliberación sólida debe estar fundamentada en una información neutral, objetiva y de calidad, de la que se ha carecido" en este caso. "Sin estos requisitos no hay debate democrático, ni posibilidad de elaborar leyes que cumplan la función de integrar uno de los principios fundamentales de nuestra Constitución: el pluralismo democrático", sostiene.
TRAMITACIÓN SIN INFORMACIÓN AL PARLAMENTO
Para Rosa Díez, esta falta de información es todavía más grave si se tiene en cuenta que afecta al derecho a la protección de la salud, uno de los "principios rectores de la política social y económica", y cuando además la ley establece que "los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, entre las que se encuentra la asistencia sanitaria".
El partido magenta señala en una nota de prensa que la ley de la Comunidad de Madrid permite externalizar la gestión del servicio público de asistencia sanitaria especializada en seis hospitales mediante contratos de partenariado público-privado, así como en 27 veintisiete centros de salud.
En su opinión, este cambio podría "vulnerar directamente los artículos 41 y 43 de la Constitución" porque, de un total de 1.150.000 habitantes, en la región el 20% de la población estaría atendido por un sistema gestionado por empresas privadas y el resto por otro de gestión directa pública. "Este escenario abre la vía a importantes desigualdades entre los ciudadanos atendidos por un sistema y por otro, quebrantándose así el principio de igualdad previsto en el artículo 14 de la Constitución", avisa.
Como UPyD no tiene suficientes diputados ara presentar el recurso de inconstitucionalidad, ya que se requiere un mínimo de 50 firmas, Rosa Díez se ha acogido a la ley que regula las funciones del Defensor del Pueblo (Ley Orgánica 3/1981) que permite a los diputados y senadores dirigirse a esta institución para solicitar su intervención en la investigación o esclarecimiento de actos, resoluciones y conductas de las Administraciones públicas que afecten a los ciudadanos.
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