Jueves 02 de octubre de 2014
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) ha pesentado este miércoles una reclamación a la Defensora del Pueblo y la Fiscalía General del Estado para solicitar la paralización de la aplicación de esta tasa
La entrada en vigor del euro por receta está suscitando todo tipo de iniciativas para frenar el cobro de una de las polémicas medidas sanitarias aprobadas la pasada semana por el Gobierno regional. Sí la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) ha pesentado este miércoles una reclamación a la Defensora del Pueblo y la Fiscalía General del Estado para solicitar la paralización de la aplicación de esta tasa, la federación de consumidores Facua-Consumidores en Acción ha llamado a los usuarios madrileños a no pagar el euro por receta que deben abonar, salvo las excepciones previstas por ley, los pacientes con recetas prescritas a partir del 1 de enero.
El portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha indicado que Facua considera esta tasa "inaceptable" y ha recomendado a los consumidores que en el momento de la dispensación del medicamento, en lugar de realizar el abono, entreguen una carta al farmacéutico con sus datos personales en la que planteen el rechazo a la tasa y su negativa a pagarla.
La Comunidad de Madrid ha distribuido por las farmacias unos impresos para aquéllos que se nieguen a pagar el euro por receta. Los que hagan uso de ellos tendrán que rellenar -con cada receta- sus datos en tres copias, de las cuales una será para el usuario, otra para la farmacia y otra para la Consejería de Sanidad, que deberá ser remitida por el establecimiento, informa Elena Mengual.
En ese momento, ha añadido, sería la administración la que debería ponerse en contacto con el ciudadanos para "reclamar si quiere".
Sánchez ha explicado que esta "insumisión fiscal" no va en contra de las farmacias, que "no tienen que ser recaudadoras de impuestos", sino contra la tasa. "Entendemos que esta medida es un repago más, un atentado contra el sistema público de salud tal y como lo venimos conociendo", ha referido Sánchez, que ha insistido en que el consumidor "no debe pagar" una tasa "recaudatoria" que "penalizar la enfermedad".
Por otra parte, la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública asegura que basa su solicitur al Fiscal General en la "ausencia de competencias" de la Comunidad para poder establecer una tasa sobre las recetas de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con varias leyes. El mismo escrito ya fue registrado el pasado 31 de diciembre en la sede del Ministerio de Sanidad.
Entre ellas, ADSP se ha referido a los artículos 14, 139.1 y 149.1 de la Constitución Española; los artículos 3.2 y 10.14 de la Ley General de Sanidad; los artículos 4, 5, 16 y 30 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud; y el Real Decreto 1030/2006 por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
Posible inconstitucionalidad
Además, la Asociación se ha referido también al dictamen del Consejo de Estado de 21 de junio de 2012, que a su criterio apreciaba signos de "inconstitucionalidad de esta tasa que se aplica en Cataluña, así como la resolución del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012 acordando interponer recurso contra esta misma tasa en Cataluña".
A raíz del anuncio del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central a Cataluña, Mariano Rajoy anunció que se comportaría del mismo modo con Madrid en el caso de que siguiera adelante. El presidente de la Comunidad Ignacio González se mantiene firme en el pulso con la nueva tasa y, aunque según declaró, intentará dialogar si no llegan a un acuerdo se mantendrá la madida farmaceútica.
El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha destacado hoy que el euro por receta ha empezado a funcionar "con normalidad" en las farmacias madrileñas, y ha achacado la nueva tasa a la crisis y a un sistema de financiación autonómica "muy injusto".
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