González asegura que el Canal hace una subida "controlada" de la tarifa del agua

El vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha asegurado que el Canal de Isabel II, del que es presidente, lleva tiempo haciendo una subida "controlada" de la tarifa del agua, "a diferencia de otros servicios básicos", después de que el Consejo de Administración haya acordado un incremento del 3 por ciento, coincidiendo con la subida del IPC interanual. Tras inaugurar la nueva exposición que acoge precisamente la Fundación del Canal, González ha explicado que la propuesta "es congelar en términos nominales" la tarifa, lo que se traduce "simplemente" en incrementar la inflación. "Desde hace tiempo el Canal está haciendo una subida controlada de tarifas a diferencia de lo que está ocurriendo con otros servicios básicos", ha considerado. Por otro lado, se ha referido a que los sindicatos hayan votado en contra de esta subida en el Consejo o que el representante de la Delegación de Gobierno se haya abstenido. De los primeros, ha dicho que "siempre están en contra de todo". "O sea, que da igual porque siempre es 'me opongo y me opongo'", ha añadido. En cuanto a los segundos, por ejemplo, ha dicho que "este año la luz ha subido entre un 15 y un 20 por ciento" y que no ha "oído ni a la Delegación de Gobierno, que es el Ministerio de Interior, ni al Gobierno de Zapatero ni a la Confederación Hidrográfica, que es el Ministerio de Medio Ambiente, oponerse a ninguna subida de ese tenor y ese porcentaje tan alto". CC.OO. y UGT han rechazado la subida del precio del agua del 3 por ciento acorde al IPC interanual y han advertido del "engaño e insulto a los ciudadanos" que supone la privatización de esta empresa pública. Portavoces de las organizaciones sindicales presentes en el Consejo en representación del Comité de Empresa de la compañía han votado en contra de la subida y han propuesto una 'congelación' de las tarifas. Asimismo, han apuntado la posibilidad de que se aplique "un tipo de bonificación a familias con dificultades económicas" y han señalado que teniendo en cuenta la coyuntura de crisis "hubiera sido bueno no incrementar los costes a las empresas que pagarán más por el agua en su uso industrial", ha dicho el representante de UGT, Andrés Muñoz. "Máxime cuando hablamos de una empresa con una previsión de beneficios de 100 millones de euros, y que ha tenido un recorte del 5 por ciento el pasado año en los salarios de los trabajadores y este año se han congelado", ha apostillado. ENTREGA DE FIRMAS CONTRA LA PRIVATIZACIÓN Además, ha criticado que estos beneficios se destinen "para la subvención de otras actividades" --"en este momento no estamos para hacer exposiciones ni campos de golf", ha lamentado-- y "no para la reducción del déficit público". En este sentido, ha criticado el proceso de privatización que se plantea para la entidad pública "con la excusa que no hay dinero para la financiación de infraestructuras". "No tiene ningún sentido: el Canal cuenta con recursos suficientes, y además el banco nos daría financiación", ha considerado. Por su parte, la portavoz de CC.OO. en la compañía Gracia Lloret, ha anunciado que plantearán "batalla" a la intención de recapitalizar el Canal con dinero privado "políticamente, jurídicamente y en la calle", recordando la concentración convocada para este miércoles a las 19 horas en la Puerta del Sol impulsada por la Plataforma Contra la Privatización del Canal, y en la que entregaran unas 25.000 firmas que rechazan esta operación. Lloret ha considerado que el planteamiento que se está desarrollando con los ayuntamientos para llevar a cabo esta operación es "una estafa" y que tras los encuentros mantenidos con varios alcaldes "muchos de ellos se han mostrado contrarios". De hecho, ha señalado que alguno de ellos le ha trasladado "presiones" de la compañía a la hora de sustituir los convenios con el Canal que están previstos que se modifiquen en cada municipio antes de la recapitalización. Además, ha apuntado que en los próximos días presentarán una Iniciativa Legislativa en la Asamblea con el respaldo de siete Consistorios --Rivas Vaciamadrid, Leganés, Parla y San Fernando de Henares entre ellos-- para que esta medida se debata en la cámara parlamentaria regional.