El Gobierno pedirá que la Fiscalía investigue el maltrato a menores tras la denuncia del Defensor
03/02/2009.-La Fundación O´Belen niega las acusaciones del Defensor del Menor sobre maltrato en sus centros
jueves 02 de octubre de 2014, 12:47h
La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, pedirá a la Fiscalía General del Estado que investigue los presuntos maltratos que se cometen en centros de menores, según un informe del Defensor del Pueblo.
A preguntas de la prensa, Cabrera ha anunciado que pondrá en conocimiento de la Fiscalía los hechos descritos en ese informe.
"Estos hechos tienen que ser investigados y eso le corresponde a la Fiscalía General del Estado y, por lo tanto, voy a pedirle que efectivamente lo haga", ha apostillado.
Aunque es una cuestión de competencia "exclusiva" de las CCAA, el asunto es de tal importancia que el Ministerio "no puede quedarse al margen", así que contactará con las comunidades "al nivel que sea necesario", ha subrayado la ministra.
"Confiamos, evidentemente, en que las comunidades atiendan y respondan a este informe del Defensor del Pueblo", y el Ministerio estará siempre en "colaboración" con ellas para coordinar, conocer y hacer lo necesario para saber qué es lo que está ocurriendo, ha insistido.
La ministra ha recordado que hay un Observatorio de la Infancia, que depende de su departamento, y "que se va a poner en marcha para contribuir a ese mejor conocimiento de lo que puede haber sucedido".
Muchos centros de menores están llevando a cabo "prácticas contrarias" a sus derechos y la mayoría realizan contenciones físicas y mecánicas en situaciones de alteración del menor, en ocasiones con una agresividad "desproporcionada", según el informe citado.
El presidente de la Fundación O'Belén, Emilio Pinto, ha desmentido que en los ocho centros que gestiona su entidad se realicen prácticas contrarias a los derechos de los menores, tal como sostiene un informe del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica.
El presidente de la Fundación, en una rueda de prensa en Madrid, se ha lamentado de que el informe haya llegado antes a los medios de comunicación que a los centros y confía en que sirva para que las Comunidades Autónomas "muestren su apoyo" y colaboren para "mejorar lo que haya que mejorar".
En el informe, se cita como prácticas habituales las "contenciones" en habitaciones de aislamiento, el cierre con llave de las habitaciones en las que duermen los menores y se citan casos de agresiones e intentos de suicido.
Emilio Pinto ha explicado que esas salas "de contención o de baja estimulación" sólo son empleadas en los casos en los que la "descompensación" del menor puede poner en peligro su integridad o la de sus compañeros y siempre siguiendo los protocolos de actuación marcados por la Comunidad Autónoma que corresponda.
También ha desmentido que se cierren las habitaciones con llave de manera generalizada mientras los menores duermen, aunque reconoce que "en momentos de conflicto" sí se cierran, aunque siempre bajo "supervisión".
En cuanto a las agresiones, Pinto ha explicado que, en ocasiones, los menores "en su fantasía", pueden inventarlas "para salir de allí" y que no tiene constancia de que existan denuncias penales contra la Fundación.
Pinto ha destacado que se trata de menores con trastornos de conducta, que no suelen llegar al centro por voluntad propia y que, al ser preguntados en la encuesta elaborada por el Defensor del Pueblo, es "normal" que hayan mostrado su disconformidad.
El Centro de Protección del Picón del Jarama (Paracuellos), gestionado por la Fundación, era uno de los peor valorados por los menores según un informe sobre "Centros de Protección de Menores con Trastornos de Conducta y en situación de Dificultad Social" elaborado tras las quejas de padres y educadores.
Los centros reciben regularmente las visitas de técnicos de las Comunidades Autónomas, fiscales y el propio Defensor del Pueblo cuando existe alguna denuncia, según ha explicado Pinto.
La Fundación O'Belén gestiona ocho de los 28 centros que se citan en el informe y se encarga de la guarda de 2.231 menores tutelados por las Comunidades Autónomas.