Pide que se cite a declarar al fiscal general y que se requieran los protocolos de borrados de Fiscalía
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) --que ejerce la acusación popular en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo a raíz de la querella que presentó la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por relevación de secretos-- ha atribuido al principal investigado, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dos nuevos delitos: "apoderamiento ilícito de información" y "prevaricación".
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación pide al juez Ángel Hurtado que cite ya a declarar como investigado a García Ortiz después de que se haya aportado a la causa los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativos a la información incautada en el registro al despacho del fiscal general y en la oficina de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
La APIF también solicita al instructor que requiera al delegado de protección de datos de la Fiscalía que aporte "los protocolos de borrado de datos que existen en terminales de almacenamiento, lo que incluye teléfonos móviles y ordenadores de toda índole".
Entre la batería de diligencias que reclama al juez, la asociación incluye el "listado de llamadas entrantes y salientes de los móviles" de García Ortiz y Rodríguez de la noche del 13 al 14 de marzo para acreditar si hablaron con periodistas. Y pide a su vez que se acredite si el fiscal general "ha cambiado de terminal de móvil desde el 13 de marzo".
La asociación, representada por los abogados Juan Antonio Frago, Verónica Suárez, Álvaro Bernad y Napoléon Cánovas, sostiene que de informe de la UCO relativo a Rodríguez "se deduce claramente que la versión de que la desprotección y filtrado, máxime por las horas nocturnas a las que se produjo, solo puede venir de la persona del investigado", en referencia a García Ortiz.
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