El 'número dos' del Ejecutivo madrileño ha garantizado que ni la Comunidad y la mayoría de autonomías se quedarán de "brazos cruzados ante un nuevo atropello del Gobierno social-comunista"
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha considerado este martes que la financiación "a la carta para Cataluña" es "ilegal", ya que "no cabe en la Constitución y rompe con el principio de solidaridad entre regiones".
"Pedro Sánchez está comprando votos con el dinero de todos los españoles y poniendo en riesgo los servicios públicos en el resto de España para mantenerse como presidente y para que Illa lo sea, lo que sin duda es la peor corrupción política posible", ha señalado a través de su perfil en la red social 'X'.
El 'número dos' del Ejecutivo madrileño ha garantizado que ni la Comunidad y la mayoría de autonomías se quedarán de "brazos cruzados ante un nuevo atropello del Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez".
La ejecutiva de ERC avaló este lunes un preacuerdo con el PSC para investir presidente de la Generalitat al líder socialista, Salvador Illa, que prevé que Catalunya salga del régimen común y que la Agència Tributària Catalana gestione, liquide, recaude e inspeccione todos los impuestos (empezando por el IRPF), así como crear un Departamento de Política Lingüística en el Govern.
Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha acusado al presidente del Gobierno de dar "la independencia de Cataluña" por la "puerta de atrás y a través de la vía económica". "Están creando un país nuevo", ha advertido, en declaraciones distribuidas a los medios de comunicación.
Ha diseccionado el preacuerdo y su vertiente económica. Por un lado, en cuanto a la condonación de la deuda la ha descrito como el "reparto entre todos los españoles" que van a hacer "frente a los intereses" mientras se tienen "menos recursos para lo importante".
"Lo segundo, como Cataluña es el segundo aportador en el sistema, el primero es la Comunidad de Madrid, con gran diferencia, la Comunidad de Madrid aporta el 71% y la Comunidad Catalana aporta el 23%, alguien tiene que poner esa financiación, suponemos que la pondrá el Estado", ha planteado.
En tercer lugar ha puesto el foco en que no se ha explicado cómo se va a hacer frente a la pérdida de los recursos que se recaudaban en esta autonomía que posibilitaba financiar servicios esenciales --unos "45.000 millones"--. "El gobierno de España, el gobierno central, no tiene recursos suficientes para hacer todo eso", ha concluido.
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