La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a los responsables de la presunta venta irregular de 1.860 viviendas protegidas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo de inversión Blackstone durante la Alcaldía de Ana Botella al carecer de sustento probatorio "suficiente" la acusación ejercida tanto por los afectados como por el PSOE.
Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que los magistrados exoneran al exconsejero delegado de la EMVS Fermín Oslé y el apoderado de Fidere Alfonso Benavides de los delitos que les imputaban los afectados por la venta y el PSOE.
Los magistrados sostienen que "la temeridad o mala fe no se pueden identificar con el sostenimiento de una acusación que luego es considerada como no avalada por pruebas suficientes".
Así, añade la Sala que lo que resulta decisivo es "si la acusación, sabiendo que su pretensión carecía de apoyo probatorio suficiente, ocultó de alguna forma esa realidad con la finalidad de que los órganos judiciales recibieran una impresión no correspondiente con ella, sometiendo a los acusados, de manera fraudulenta, a una situación procesal no justificada".
RETIRA ACUSACIÓN
Al final del juicio, el Ayuntamiento de Madrid retiró su acusación al considerar que no existía responsabilidad penal sobre las dos únicas personas que se sentaron en el banquillo de los acusados. Y el fiscal Salvador Ortolá solicitó la absolución de Oslé y Benavides al no concurrir ninguno de los elementos del tipo de los delitos de los que se les acusa.
Ortolá criticó duramente que la prueba del juicio se hubiera enfocado en un "tinte melodramático" en lo relativo a la afectación social a los perjudicados por hacerse alusión por ejemplo a "suicidios", tal y como mencionó en su declaración la portavoz de las víctimas, Arantxa Mejías.
La acusación que ejerce la Asociación de Afectados por la Venta de la EMVS, a través del letrado Mariano Benítez de Lugo, solicitó hasta ocho años de cárcel por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude. También pidió que se les condene por el artículo 289 del Código Penal.
En su exposición, el abogado consideró que hubo "un claro menoscabo" de intereses a terceros y que el fin social de la EMVS quedó cerciorado, parafraseando a Kant en sus 'Lecciones de Ética' al afirmar que "no hay nada más aberrante que inventarse una norma para esquivar la verdadera".
LA ACUSACION CENSURA QUE SUS PRUEBAS SE MINIMICEN
Una de las acusaciones en el juicio contra los responsables de la venta de 1.860 viviendas protegidas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo de inversión Blackstone ha censurado que la sentencia absolutoria "minimice o ignore" la prueba que en el juicio acreditaba la carga incriminatoria.
El abogado Mariano Benítez de Lugo, que defiende a los afectados, ha explicado a Europa Press que se someterá a asamblea la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de absolver a los dos únicos acusados, aunque podría no impugnarse ya que la sentencia no condena en costas a los perjudicados.
El letrado se ha mostrado contrario a que no haya prueba suficiente, dado que en el juicio hubo varias testificales e informes que acreditaban hechos de su acusación.
Por ejemplo, ha mencionado la testifical del exdelegado de Hacienda Carlos Sánchez Mato, quien respaldó la tesis de las acusaciones y criticó que se encargara a PwC una tasación externa. También critica que no se hayan mencionado los correos acreditados que mostraban que las negaciones para la venta estaban precocinadas desde febrero, meses antes de hacerse efectiva la operación.
"Esas afirmaciones son injustas y erróneas", ha aseverado el veterano abogado, quien ha recordado que Ana Botella no quiso dar ayudas a la EMVS mientras que ahora la resolución recoge sus manifestaciones acerca de que la situación económica de la empresa pública era desoladora cuando en otras ocasiones sí había otorgado ayudas.
"Es frustrante, entristece y da rabia ver cómo sale tan barato y con tanta impunidad tomar decisiones de esta índole desde las instituciones que destrozan familias y expolian el patrimonio de todos", ha subrayado a Europa Press Arantxa Mejías, portavoz de los afectados.
A pesar del revés judicial, los perjudicados recibieron el pasado enero una buena noticia en el ámbito civil al dar luz verde la justicia para que puedan comprar los pisos por un precio de entre 60.000 y 80.000 euros, el mismo al que los adquirió Fidere.
De este modo, los magistrados de lo Civil estimaban su demanda y declaran haber lugar al ejercicio del derecho de retracto sobre las viviendas en las que al tiempo de la venta figuraban como arrendatarias las familias demandantes.
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