IU y los sindicatos denuncian que la Ley de Acompañamiento permite líneas de alta tensión en vías pecuarias

IU, CCOO y UGT han denunciado que la previsible aprobación este mes de la Ley de Acompañamiento por parte de la Asamblea de Madrid permitirá que líneas de alta tensión en vías pecuarias "de forma permanente".

La portavoz de Medio Ambiente de IU, Carmen Villares, se ha reunido hoy con los responsables de Medio Ambiente de CC.OO de Madrid y UGT de Madrid, Juan Olaso y Javier Lucio, respectivamente, para analizar la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2014 que aprobará en las próximas semanas la Cámara madrileña.

Según el proyecto de ley, al que ha tenido acceso Europa Press, la modificación de la Ley De Vías Pecuarias pretende elevar el plazo máximo de ocupaciones temporales de 3 a 10 años renovable, permitir las conducciones en superficie o que afecten al vuelo y concederlas mediante autorización administrativa.

"Las actuales restricciones de la normativa, motivadas para suprimir el impacto ambiental y visual negativo, han supuesto un impacto negativo, especialmente en lo que respecta a las instalaciones de servicios públicos cuyas conducciones discurrir o atraviesan una vía pecuaria, que deben ser subterráneas. Este requisito hace inviable, tanto por cuestiones técnicas, como económicas, la implantación o mejorar de ciertos servicios públicos, especialmente en zonas rurales", se argumenta en el proyecto.

Asimismo, los redactores de la normativa esgrimen que se debe elevar el plazo de ocupaciones temporales de 3 a 10 años para que los promotores "puedan presentar proyectos que sean económicamente viables".

Según han añadido a Europa Press fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se trata de la adaptación de la Ley de Vías Pecuarias a la normativa nacional para minimizar el impacto de tuberías, cables o líneas eléctricas sobre las vías pecuarias.

Así, el Gobierno regional pretende evitar que dichas vías pecuarias se vean afectadas cuando tienen que ser cruzadas o soterradas por este tipo de infraestructuras de abastecimiento público, "de forma que ahora de manera excepcional se permitirá el cruce en aéreo sobre las vías, algo que hasta ahora no era posible".

Sin embargo, la diputada autonómica considera que esta modificación supone "un nuevo trato de favor a las compañías eléctricas" pues, "no solo permite en ellas las líneas de alta tensión, también eleva a diez años renovables el plazo de las ocupaciones temporales adjudicadas, hasta ahora limitado a un máximo de tres en la ley madrileña y en la estatal".

Además, ha denunciado que esta ley "atenta contra el medio ambiente y ha puesto como ejemplo que permite a las compañías eléctricas el tendido aéreo, incluso de alta o muy alta tensión, de forma permanente sobre las vías pecuarias, algo que hasta ahora estaba prohibido".

RECURSOS FORESTALES

Por otro lado, Villares ha criticado otra modificación parcial de la Ley de Acompañamiento referido a la Ley de Forestal y Protección de la Naturaleza que, a su juicio, "se propone ampliar indefinidamente el marco de explotación de los recursos forestales permitido en los montes declarados de utilidad pública para el aprovechamiento privativo por terceros".

Actualmente, las concesiones administrativas del dominio público forestal de la Comunidad tienen un plazo de duración de 15 años, sin posibilidad de prórroga. "Esta temporalidad dificulta la viabilidad de ciertas concesiones administrativas, sobre todo de aquellas que suponen fuertes inversiones para iniciar su explotación (rehabilitación de edificios, obras de infraestructuras, plantes de transformación de los aprovechamientos, etc.), tal y como indica el proyecto de ley.

Ahora, el plazo máximo a aplicar coincidirá con el de la Ley de Patrimonio de la Comunidad para los bienes demaniales de modo que si no supone la realización de obras de carácter permanente o instalaciones fijas la duración ser á inferior a 30 años y en caso contrario a 75.

Además, los redactores del proyecto de ley creen que la ley actual ha llevado a la "infrautilización" de los recursos forestales y la asunción, por parte de la Administración regional de "elevados costes que suponen su conservación y mantenimiento".

"Este bajo aprovechamiento del recurso que el monte genera deriva de la inadecuación entre la demanda y la oferta del recurso en nuestros montes motivada por el descenso de la manera ofertada y su temporalidad, mediante subastas", argumentan.

De esta manera, la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza de 1995 se adapta también a la normativa estatal de forma que se dan mayores facilidades a las infraestructuras públicas de servicio a la población que tengan que atravesar por montes públicos.