La Interventora del Ayuntamiento de Leganés, Lucía Mora, ha emitido un informe en el que plantea dudas jurídicas al convenio que tenía previsto firmar el Consistorio leganense para adherirse a la sociedad 'Canal de Isabel II Gestión', ya que la entrada de capital privado en un futuro supondría un "modelo de gestión indirecta" y "una adjudicación directa del servicio sin procedimiento de licitación".
En el informe, la Interventora alude a normativa europea y a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea por el caso del Ayuntamiento de la ciudad alemana de Halle, que encargó a la sociedad 'RPL Lochau' (de capital mayoritariamente del ayuntamiento de Halle con participación mínima privada) el tratamiento de residuos.
Según expone el informe, una segunda sociedad, 'Trea Leun', "entendió que la adjudicación por el referido Ayuntamiento sin haber seguido el procedimiento de licitación era contrario a derecho Comunitario".
El Tribunal concluyó finalmente que debía "procederse a seguir los pasos de licitación pública".
Mientras, un segundo informe, en este caso del Secretario municipal del Consistorio leganense, Pedro Bocos, coincide también con el postulado de Intervención. Así, este informe alude también al modelo de gestión indirecta en caso de que entrase capital privado, cuestión que analiza porque, en una de las cláusulas del convenio propuesto, se citaba que el Ayuntamiento leganense no podría enajenar las acciones del Canal hasta que la sociedad "haya dado entrada en el accionariado de la Sociedad al capital privado".
Interventora y Secretario realizaron sendos informes después de que los tres grupos de la oposición en Leganés --PSOE, IU y 'Unión por Leganés' (ULEG)-- lo reclamasen durante el Pleno del pasado día 31 para determinar la posición de su voto. Finalmente, y con el documento sobre la mesa, los tres portavoces coincidieron en dar un voto negativo en el Pleno del pasado lunes.
El portavoz de ULEG, Carlos Delgado, ha asegurado que los informes de los funcionarios habilitados nacionales del Ayuntamiento plantean que "el derecho comunitario siembra dudas sobre el proceso puesto en marcha" y sobre "la hoja de ruta" de la nueva Sociedad.
En este sentido, ha resumido que los reparos de los funcionarios alertan sobre el hecho de que una futura venta del paquete accionarial a capital privado "sería ilegal".
El pasado lunes, la negativa de los Grupos de la oposición en el Ayuntamiento impidió que el municipio leganense se sumase a los convenios del Canal para el servicio de distribución de agua, saneamiento y alcantarillado, algo que, según el alcalde, Jesús Gómez (PP), impedirá que el Consistorio perciba en torno a los 111 millones de euros en los próximos cincuenta años.
Precisamente, en el informe del pasado día 1, la Interventora leganense justifica que el objeto de su estudio es la "posibilidad" de que la prestación de esos servicios "se realicen mediante un futuro modelo de gestión que no está definido en el Convenio que se propone, dependiendo de si esa entidad en la que se transforme el Canal tenga una composición 100 por ciento pública o pueda entrar dentro de la misma participación privada".
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