Madrid también estudia como Rivas presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Cañada

La delegada de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, ha avanzado que los servicios jurídicos municipales están estudiando la "posible inconstitucionalidad" de la Ley de la Cañada Real Galiana que está tramitando el Gobierno regional y que, previsiblemente, se aprobará en el Pleno de la Asamblea el próximo día 10.

En declaraciones a los medios, Martínez ha explicado que el Consistorio cree que la normativa podría entrometerse en competencias municipales, al fijar un plazo máximo de dos años para que las administraciones implicadas en el problema alcancen un acuerdo social antes de poder disponer de los terrenos para venderlos.

"La Ley que, al parecer, quiere aprobar la Asamblea no es la que a los ayuntamientos nos hubiera gustado. Tenemos dudas sobre que su redacción sea plenamente constitucional y los servicios jurídicos lo están estudiando. Habrá que esperar", ha señalado la edil.

Así, ha justificado que esta norma "afecta a la autonomía local y a las competencias municipales" ya que se prevé que, pasados dos años e independientemente de si hay acuerdo social o no, se "traspasa a los ayuntamientos" la responsabilidad de atender las necesidades de servicios, calles, equipamientos... de unas personas que han "ocupado un dominio público" y que ya podrían "adquirirlo en propiedad" sin tener en cuenta que los consistorios no pueden cumplir ninguna de esas obligaciones por "falta de espacio y porque las leyes no lo permiten"

SIN USOS RESIDENCIALES

Y es que, el Ejecutivo madrileño asegura que el proyecto de Ley de la Cañada no tiene en cuenta diferentes normativas nacionales y europeas sobre suelo, ruido, medioambiente o sobre dónde se pueden asentar usos residenciales.

Así, condicionantes como la existencia de varias autovías, de gaseoductos, de la línea del AVE, de tendidos eléctricos o incluso del vertedero de Valdemingómez dejarán muy pocos espacios donde se puedan levantar viviendas.

Como ejemplo, Martínez ha citado el caso del vertedero de Valdemingómez, que no puede tener ningún uso residencial en dos kilómetros a la redonda. "Eso impide una ordenación urbanística, pero es de sentido común porque ¿a alguien le gustaría vivir al lado de un vertedero? ¿Cómo va a calificar el Ayuntamiento un terreno para que sea así?", se ha preguntado.

"Tenemos la certeza de que la pretensión de recalificar (con uso) residencial todo el tramo de la Cañada no es viable, no porque los ayuntamientos queramos o no, no es nuestra decisión, sino por las propias leyes", ha señalado la concejala, insistiendo en que la "pretensión de solucionar el problema por la vía urbanística es inviable".

Por ello, el objetivo del Ayuntamiento de Madrid es que "haya garantía de que la secuencia lógica (de la aplicación de la normativa) sea primero la intervención social y, luego, la ordenación urbanística".

"La Ley actualmente dice que a los dos años los terrenos se desafectan, así que no hay garantías de que vaya a haber una intervención social previa, que es la condición 'sine qua non' para los ayuntamientos", ha resumido.

Además, ha recordado que el modelo utilizado entre la EMVS y el IRIS durante los últimos ocho años para realojar a los habitantes de diferentes poblados chabolistas de la capital ha "funcionado", por lo que en este caso sólo haría falta llegar a un acuerdo para que todas las administraciones implicadas "pongan sus recursos al servicio de la solución social" en el tiempo que sea necesario.

PERSEGUIR EL CONSENSO

En cualquier caso, Martínez ha asegurado que, pese a las previsiones de aprobación de la norma dentro de una semana, el Consistorio "nunca va a cerrar las puertas al consenso, porque este problema es muy serio" y se ha mostrado convencida de que "es cuestión de tiempo" que todos se pongan "de acuerdo y haya entendimiento".

"El consenso es fundamental, este problema hay que abordarlo entre todos y con consenso. Tenemos que seguir sentándonos, es urgente, cuanto antes mejor. Si los ayuntamientos no podemos hacer una calificación urbanística (como residencial) habrá personas que, al liberar el espacio, tendrán que reubicarse, realojarse. No les vamos a dejar en la calle, habrá que hacer algo", ha continuado la delegada.

Así, aun a riesgo de resultar "ingenua", Martínez ha apostado por que "el sentido común es lo que más fuerza tiene" y ha asegurado que ella seguirá "peleando por ese consenso hasta el último minuto", e incluso si finalmente se aprueba la ley.

"Con esta ley o sin ella lo importante es que las administraciones nos sentemos a consensuar el marco social para resolver el problema, porque ése es el único camino: la única manera de abordar el problema es desde la intervención social individualizada, porque hay diferentes perfiles y situaciones", ha concluido.

Recordemos, que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha anunciado que está estudiando la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Cañada Real Galiana si ésta finalmente es aprobada por el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde se presentará el proyecto el próximo día 10 previsiblemente.

El Gobierno ripense se ha manifestado en estos términos tras la aprobación por parte de la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio del Parlamento regional de un dictamen que valida el proyecto de Ley presentado por el Grupo Popular, en el que se da un plazo de dos años máximo para solucionar los problemas sociales del enclave.

"Ante esta decisión, que supone un incumplimiento flagrante del espíritu de consenso que ha impregnado las reuniones que se han tenido en los últimos años entre las partes, el Ayuntamiento de Rivas ratificará en los tribunales ordinarios las denuncias que ya ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)", ha anunciado.

Además, el Ejecutivo de Rivas reconoce que se está "planteando la posibilidad de interponer, en el caso en que se aprobara la Ley de la Cañada en los términos anunciados, un recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma ya que vulnera el principio de autonomía municipal".

"Estamos dispuestos a llegar hasta el Tribunal Constitucional (TC) para que nos ampare ante una ley claramente perjudicial para los derechos de la ciudadanía de Rivas, a la que representamos", ha señalado el alcalde de Rivas, José Masa (IU).

PROYECTO "FORZADO" DE FORMA "SORPRESIVA"

Y es que, para el primer edil ripense, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha "hecho añicos" el consenso existente entre las diferentes administraciones implicadas en el problema de la Cañada Real Galiana con la aprobación unilateral de un proyecto de ley "forzado" de forma "sorpresiva" en los últimos días.

Así, ha considerado que, "de una forma sorpresiva, la Comunidad de Madrid ha forzado en los últimos días la aprobación del proyecto de Ley de la Cañada sin tener en cuenta a los ayuntamientos en cuyos términos municipales se ubica este poblado ilegal".

"Esperanza Aguirre ha jugado, de nuevo, con la confianza que teníamos puesta los alcaldes de Madrid, Coslada y Rivas respecto a que respetaría el consenso que habíamos alcanzado sobre este problema social, el más grave que vive la Comunidad de Madrid en estos momentos", ha lamentado Masa.

A su juicio, "la desafectación del terreno sólo debería producirse una vez que Comunidad de Madrid y ayuntamientos hayan solucionado el realojo de los habitantes de la Cañada que se hallen en situación de especial necesidad social".

Por ello, ha insistido en que "la competencia de aplicar las políticas sociales es exclusiva de la Comunidad de Madrid" tal y como "fija el Estatuto de Autonomía". "Pese a ello, en el texto de la Ley no se explicita que el IRIS, organismo regional responsable de realojos, asuma ningún papel en la búsqueda de una vivienda digna para las familias en estado de especial necesidad", ha apostillado.

DEJACIÓN DE FUNCIONES

"El temor razonable que nos asalta a los ayuntamientos implicados es que la Comunidad termine bloqueando el acuerdo social, pasen dos años y se nos transfiera a nosotros una responsabilidad que es sólo suya", ha declarado el primer teniente de alcalde de Rivas, Guillermo Magadán.

Porque, para el Ayuntamiento de Rivas, "la decisión de ayer implica, de hecho, que la Administración autonómica hace dejación de sus obligaciones en lo que al dominio público se refiere, al tiempo que no asume la respuesta a las necesidades sociales de las miles de familias en estado de extrema necesidad".

"Es muy grave que el Gobierno de Esperanza Aguirre se autoexima de las competencias que posee en relación con la intervención social, que debe tener lugar en el mayor foco de exclusión social de España", ha considerado el regidor.

Por último, Masa ha asegurado que su equipo continúa defendiendo "los principios del acuerdo" firmado entre los consistorios de la capital, Coslada y Rivas; la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno el 7 de julio de 2009, en el que se fijaban los plazos y criterios "que el Gobierno regional ha incumplido de forma reiterada".

Además, ha asegurado que, "pese a las especulaciones sobre el destino final que se dará a esos terrenos ubicados en el término municipal ripense, el espacio 'liberado' volverá a recuperar el destino que nunca debió perder cuando era vía pecuaria: un zona verde protegida y en la que, en consecuencia, allí no se podrá edificar".

Por otra parte, la Plataforma para el Saneamiento de la Cañada Real Galiana ha considerado que la aprobación el 10 de marzo de la Ley que regula esta zona "no resolverá los problemas que existen", según ha informado esta Plataforma en un comunicado.

Para este colectivo, el grupo parlamentario del PP consumará "el mayor desprecio a los madrileños, aprobando una Ley para eximir al Gobierno regional de sus obligaciones y responsabilidades que le insta la Ley de Vías Pecuarias". "Teniendo plenas competencias en la materia, simplemente las ha ignorado a pesar de las múltiples denuncias presentadas por ésta Plataforma desde el año 2004", ha indicado.

La Plataforma ha explicado que en marzo de 2009, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, prometió una Ley que solucionaría la "ilegalidad de la Cañada Real, nada más lejos de la realidad porque la Ley que apoyará su grupo parlamentario no cuenta con el pretendido consenso".

"Ésta futura Ley significará un desplante y falta de consideración a quienes luchamos por recuperar y preservar los espacios naturales de dominio público, y apoyamos también a las Administraciones Locales para que le exijan a ésta un compromiso para las actuaciones sociales", ha añadido el comunicado.

En este sentido, ha manifestado que lo "único cierto e inequívoco" de ésta Ley, es que la Comunidad de Madrid "no quiere recuperar los 15 kilómetros de la Cañada Real Galiana porque, dice, no pasan vacas, pero para que durante los últimos años ha sido invadida por intrusos, que han parcelado, modificado, edificado y especulado al margen de la Ley, y cuya población ha ido creciendo como consecuencia del desmantelado de los núcleos chabolistas, suponiendo un incremento de toda clase de delitos y por lo tanto inseguridad ciudadana para la localidad de Rivas-vaciamadrid especialmente, nada que asumir".

"Ahora pretenden que los Ayuntamientos de Madrid, Rivas-vaciamadrid y Coslada, asuman la responsabilidad y deber de resolver el problema, haciéndonos creer que con desafectar el tramo, la Comunidad ha cumplido", ha concluido la Plataforma.