La secretaria del Ayuntamiento de Arroyomolinos confirma al juez que hay informes desfavorables en contrataciones

La secretaria del Ayuntamiento de Arroyomolinos ha asegurado ante el juzgado de Instrucción número 3 de Navalcarnero que le consta la existencia de "informes de intervención e informes jurídicos desfavorables" en la contratación de algunos servicios que superaron el límite legal sin el debido procedimiento en el Consistorio, según ha informado el portavoz del Grupo municipal Socialista, Juan Carlos García.

La citada estancia judicial investiga un presunto 'troceamiento' de contratos en la Administración local arroyomolinense entre 2004 y 2006 a raíz de una denuncia del PSOE por presunta malversación de caudales públicos.

En esa declaración, la secretaria municipal habría defendido que las modificaciones que se llevaron a cabo en los procedimientos con número de expediente se efectuaron "con sujeción total" a la Ley de Contratos, aunque, para los socialistas, desde la Administración local se produjeron numerosos "pagos" que no contaron con expediente de contratación.

Según García, la secretaria ha afirmado ante el juzgado que son "suposiciones" que se hubiera producido algún trato de favor hacia determinadas empresas, al tiempo que ha manifestado que si se realizaron modificaciones en contratos que implicaron alteraciones "en más o en menos del 20 por ciento del precio contractual inicial" se hicieron "con ajuste a la ley".

ENCOMIENDAS A EMUVISA

Por otro lado, según el portavoz socialista, la secretaria ratificó ante el juzgado el informe negativo que, en diciembre de 2004, emitió contra la iniciativa del Ayuntamiento para que se realizasen encomiendas de gestión de obras públicas a la empresa EMUVISA.

En ese documento, según las mismas fuentes, la Secretaria habría calificado esa iniciativa como "huida del derecho administrativo", términos que ratificó en el juzgado al considerar que EMUVISA sería una empresa privada que "no está sujeta a derecho administrativo". Este tipo de encomiendas, según la declaración de la secretaria del Ayuntamiento, eran algo "puntual" hasta abril de 2004, momento en que numerosas obras municipales se ejecutaron por este sistema.

Según el PSOE, con este procedimiento se llevaron a cabo las adjudicaciones de una decena de obras --entre ellas el cuartel de la Guardia Civil o las instalaciones de Policía local-- que "no siguieron el procedimiento administrativo habitual" por lo que "existen fuertes indicios de comisión de un posible delito de prevaricación".

La declaración de la secretaria se ha sumado a las que realizaron el pasado día 23 la Interventora municipal y los técnicos de Contratación y Tesorería, quienes han ratificado en el juzgado la existencia de "informes desfavorables" en varias contrataciones realizadas por el Gobierno local entre 2004 y 2006.